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Argentina. Más agronegocios (y más luchas)

Argentina, Enero 2017


Por Darío Aranda Periodista darioaranda@yahoo.com.ar  

Publicado en La Jornada del campo (21/01/17)

 

El primer año de Mauricio Macri como presidente confirmó la profundización del agronegocio. Más transgénicos, beneficios a empresarios y ahogo para campesinos e indígenas. Se multiplican las luchas.

Exención de impuestos a sectores del agronegocio. Desintegración del área de agricultura familiar y falta de presupuesto para campesinos. Aprobación de nuevos transgénicos, impulso de una nueva ley de semillas (en línea con el agronegocio) y represión. El gobierno de Mauricio Macri marcó continuidades y profundizaciones respecto al kirchnerismo y al modelo agropecuario. Pero campesinos, indígenas y asambleas resisten.


FOTO: Universidades Nacionales de Jujuy

A cinco días de asumir la Presidencia, Mauricio Macri viajó a Pergamino (Pampa Húmeda, la tierra más cotizada del país) y anunció la eliminación de retenciones (impuesto a la exportación) para los productos agropecuarios y la reducción de cinco puntos a la soja (pasó del 35 por ciento al 30). Un beneficio millonario para el agronegocio.

Al frente de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) fue nombrado Oscar Alloatti. De inmediato comenzó un proceso de ajuste y despidos. El sindicato (Asociación de Trabajadores del Estado, ATE) denunció que echaron a más de 250 técnicos que trabajaban en agricultura familiar. “El gobierno viene atacando las políticas y los derechos de la agricultura familiar mediante el cierre de programas y reparticiones, recorte presupuestario, despido de trabajadores y judicialización”, denunció el sindicato (ATE-SAF) a fines de 2016.

“El glifosato es como agua con sal”, afirmó el ministro de Ciencia, Lino Barañao, en 2009, en pleno kirchnerismo. Férreo defensor de los transgénicos, fue confirmado en su puesto por el presidente Macri. También confirmaron a Martín Lema, director de Biotecnología en el Ministerio de Agroindustria, área clave en la aprobación de transgénicos. En 2016, el gobierno aprobó seis nuevos transgénicos de soja y maíz. Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto.

Los transgénicos en Argentina se aprueban con base en estudios de las propias empresas, que son confidenciales.

También hubo novedades respecto a semillas. Las empresas del agro exigen desde hace años una nueva ley de semillas, que contemple “regalías extendidas” (no quieren sólo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas). Esto implica limitar el “uso propio” (práctica milenaria que implica sembrar, cosechar y con esas semillas obtenidas volver a sembrar).

En abril de 2016, la máxima autoridad de Monsanto, Brett Begemann, viajó desde Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. Reclamó el cobro de regalías. La agencia oficial Telam señaló que los ejes de la reunión fueron “que se transparente el mercado de semillas y se pague por la tecnología lo que se tiene que pagar”.

En octubre, el Ministerio de Agroindustria anunció: “El proyecto de ley de semillas ingresó al Congreso Nacional”. Afirmó que se busca “garantizar la investigación, tecnología y productividad”. El Ministerio remarcó que “desde el Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo de regularizar el mercado de semillas”.

No fueron convocados ni se escuchó la opinión de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos críticos al modelo ni de consumidores. Medio centenar de organizaciones sociales, campesinas y ambientalistas, y sectores académicos conforman la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. “Expresamos nuevamente nuestro rechazo contundente a cualquier modificación de la ley vigente”, señala el documento emitido el 18 de octubre. Para quienes creen que sólo se trata de un debate entre empresas y sectores del agro, la Multisectorial recordó un hecho básico: “Quien controla la semillas, controla la alimentación”.

Finalmente, el proyecto de ley no fue tratado en el Congreso Nacional, pero el gobierno anunció que en 2017 intentará aprobarlo.

Desde el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Macri, cambió el contexto para algunas organizaciones campesinas. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA) formaron parte de la gestión de la Secretaría de Agricultura Familiar del kirchnerismo. También había buen diálogo y articulación con el Frente Nacional Campesino (FNC) y con sectores del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (Maela).

“El sector está siendo seriamente perjudicado por las decisiones políticas del gobierno”, afirmó el documento firmado por ACINA, MNCI, el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Movimiento Campesino Liberación (MCL), la Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA) y Maela, entre otros, en septiembre pasado.


FOTO: Meine Landwirtschaft

Cuestionaron la reducción en las retenciones a productos del agronegocio (como soja y maíz) y denunciaron el vaciamiento de políticas para el sector campesino. Las organizaciones exigieron la urgente reglamentación de la Ley 27.118 (de agricultura familiar). “Es de suma urgencia que se tomen medidas con fondos específicos para atender las necesidades de nuestros productores”, solicitaron los campesinos.

El gobierno nacional, de similar manera que el kirchenrismo, impulsa el avance del agronegocio sobre nuevos territorios (hoy en manos de campesinos e indígenas). Los intentos de desalojos y la violencia se repiten en todas las latitudes del país. Provincias como Misiones, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán y Mendoza, entre otras, son escenario de continuas situaciones violentas de la mano de los empresarios de transgénicos.

Las resistencias ante el avance extractivo (agronegocio, minero, petrolero, forestal) es de agenda diaria en Argentina. Dos logros fundamentales: en la provincia de Córdoba (centro del país), luego de cuatro años de luchas, se expulsó a Monsanto, que intentaba construir su mayor planta de maíz transgénico del continente. Con un bloqueo comunitario de más de dos años (que cerró el paso a los vehículos de la empresa), media docena de represiones y judicialización, finalmente la multinacional vendió el predio y sufrió su mayor derrota en el país.

El otro logro: en mayo de 2016 se conformó la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología (Renama), un espacio que reúne experiencias agroecológicas (desde pequeñas hasta de gran escala), productores, organizaciones sociales y académicos. Eduardo Cerdá, uno de los impulsores, celebró el paso adelante: “Los productores son conscientes de los límites del agronegocio, de los altos costos, los problemas que genera, tanto en salud como en el ambiente. La agroecología es un modelo superador que ha dado sobradas pruebas de que produce más y mejores alimentos, y a un costo menor”.

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